Propuesta de reforma constitucional busca modificar 30 artículos clave en Bolivia
Un proyecto de reforma presentado por los legisladores Alarcón y Ávila busca retirar 30 artículos de la Constitución, lo que generaría un cambio significativo en la regulación de la justicia y los recursos naturales en el país.
Los diputados Carlos Alarcón, de la agrupación Unidad, y Diego Ávila, presidente del Senado por el PDC, han presentado un ambicioso proyecto de reforma parcial a la Constitución Política del Estado (CPE). Esta iniciativa propone eliminar 30 artículos relacionados con la administración de justicia, el régimen económico y los recursos naturales, así como modificar la regulación de inversiones en el país.
La diputada Claudia Herbas, de Unidad Popular, ha expresado su preocupación, calificando esta propuesta como un intento de "desmantelamiento" del Estado Plurinacional, al que considera carente de legitimidad popular. Herbas argumenta que lo que se presenta como una reforma es, en realidad, un retroceso en los derechos y garantías otorgados por la Constitución.
Una de las principales modificaciones que se plantea es la inclusión de un nuevo artículo 412, que prohibiría "todo tipo de expropiación, nacionalización, estatización y/o reversión de inversiones nacionales y extranjeras". Además, se sugiere que las disputas entre el Estado y los inversionistas sean resueltas a través de mecanismos amistosos o tribunales arbitrales nacionales o internacionales.
Artículos propuestos para eliminación de la CPE
- Artículos 182, 183, 185, 187 y 188 (Justicia)
- Artículos 194, 198, 199, 200, 201 y 203 (Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional)
- Artículos 227 y 228 (Ministerio Público)
- Artículos 310, 319 y 320 (Economía e inversiones)
- Artículos 351 al 359 (Recursos naturales)
- Artículos 361 al 367 (Hidrocarburos)
- Artículos 370, 373 y 378 (Derechos mineros, agua y energía)
Expertos en derecho y economía han manifestado que esta reforma no es una cuestión menor. La propuesta desplaza regulaciones esenciales de la Constitución hacia leyes ordinarias, alterando la relación entre el Estado y la inversión privada, especialmente la extranjera. Este tipo de modificaciones, según algunos, deberían ser discutidas en un marco de consenso constituyente.
Aunque el argumento a favor de la reforma sugiere que se busca proporcionar mayor seguridad jurídica a los inversionistas y facilitar la llegada de capitales, los riesgos son evidentes. Al eliminar ciertas garantías constitucionales, se abriría la puerta a cambios impulsados por mayorías políticas en la Asamblea, lo que podría afectar la estabilidad legal en el país.